Los otros candidatos, unos acusados de ser financiados por el narcotráfico y otros estar financiados por sectores de la oligarquía guatemalteca, dejan poco margen para los que representan intereses del bienestar común. Muchos consideran que la no inscripción de la candidata oficial se debió al temor de la élite económica de la profundización de políticas sociales que fueran en detrimento de sus espurios intereses, de tal cuenta que propiciaron el escenario bajo el cual su candidato fuese la única posibilidad para afianzar el poder político en el ejecutivo y en el legislativo, aún y cuando éste está acusado de graves delitos de lesa humanidad y de contar en la filas de su partido político a miembros del crimen organizado en particular en cuanto al financiamiento del partido se refiere. De esa cuenta, es que hoy por primera vez, el partido oficial no cuenta con candidata a la presidencia, sólo para congresistas y alcaldes. Este proceso de inscripción de la candidata del partido oficial se dio alrededor de cuestionadas decisiones por órganos encargados del proceso electoral mismo, así como por las cortes guatemaltecas. El hecho más notorio ha sido la pretensión de participar a la presidencia de la que fuese la primera dama de la Nación y quien desde el inicio del Gobierno fue la impulsora de programas de asistencia social, que contaron con la negativa de la élite económica y con la simpatía de amplios sectores excluidos del país. Al culminar dicho conflicto con la firma de los Acuerdos de Paz, se inició una larga y aún no culminada reforma al Sistema de Partidos Políticos, hecho que ha degenerado en que el joven sistema adolezca de profundas desviaciones que redundan en causar mayores desigualdades en la participación, lo cual profundiza muchas de las causas del conflicto.Įste es un evento electoral atípico ya que se considera ser la más onerosa campaña electoral por parte de algunos partidos políticos así como también por la debilidad institucional y democrática que se ha dejado manipular por los poderes fácticos del país. Tal y como fuese documentado por la Comisión para el Esclarecimiento Histórico Guatemala estuvo marcada por un Conflicto Armado de 36 años que dejó una secuela de 250 mil víctimas directas y profundas consecuencias en la sociedad que aún no han sido subsanadas. Jorge Santos es Coordinador General del Centro Internacional para Investigaciones en Derechos Humanos (CIIDH), asociación dedicada a la investigación y generación de propuestas que promuevan y garanticen los derechos humanos en Guatemala.Įl 11 de septiembre próximo más de 7 millones 300 mil guatemaltecos y guatemaltecas asistirán a las urnas en lo que representaría el séptimo evento electoral desde el retorno a la vida democrática, mismo que ha estado marcado por una serie de hechos que han producido lo que pudiesen ser factores distorsionadores del evento mismo.
Elecciones generales en Guatemala: condenado a repetir la historia?
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